El lavado de activos, también conocido como lavado de dinero, es el proceso de encubrir el origen ilícito de dinero, bienes o recursos que provienen de algún delito. En su mayoría, proceden del narcotráfico, corrupción y delitos ambientales como la minería y tala ilegal.
Este proceso, tipificado como delito y con una pena máxima de 20 años de cárcel efectiva, tiene como objetivo legitimar el dinero mezclándolo con ciertas actividades para obtener ganancias o utilidades a través de la realización de actividades lícitas. Los sectores principales en donde se lavan activos, por su poca o nula supervisión, son: el mercado inmobiliario, el comercio exterior y las cooperativas.
Desde el 2002, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú) es la encargada de recibir, analizar y transmitir información para la detección de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
Según la UIF Perú, entre el 2012 y 2018 hubo 109 sentencias por Lavado de Activos, se condenaron a 135 personas y 141 fueron absueltas. Además, se sancionaron a cinco empresas.
Prestamype es una entidad obligada a reportar anualmente todo tipo de operaciones sospechosas a la UIF Perú. Incluso, dentro de la institución se ha implementado un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
Además, la UIF Perú puede tener acceso a la base de datos de Prestamype en cualquier momento. Esto hace que sus procesos sean transparentes, convirtiéndose en una opción segura para los empresarios.
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